Editorial

Redacción

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Desde que el diputado del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco Álvarez fue nombrado el 31 de mayo pasado como nuevo presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, los espacios de discusión del país han llegado al máximo punto de ebullición y son expuestos en la redes sociales con múltiples y acaloradas manifestaciones.

Ha sido así porque la agenda de esta comisión incluye legislar para grupos minoritarios como la población gay-lésbica o las parejas que buscan tener un hijo mediante el método de fertilización in vitro (FIV).

Así hemos sido testigos de diversas opiniones, algunas muy bien fundamentadas y otras respaldadas en posiciones convencionales y radicales.

Por ejemplo, esta semana la comisión encabezada por el diputado Orozco, dictaminó un no rotundo al proyecto de la Ley de Sociedades de Convivencia para parejas homosexuales, el cual tiene como objetivo reconocer los mismos derechos legales y civiles a esta población.

¿Cómo una comisión de derechos humanos dictamina de forma radical que este tema ni siquiera debe ser sometido a la discusión en el plenario cuando miles de ciudadanos así lo esperan?

Aunque el diputado Orozco ha explicado su posición, la pregunta que flota es si él verdaderamente representa a un sector del país que se arraiga en preceptos que no responden a las necesidades de equidad y justicia que demandan los nuevos tiempos.

Los derechos de algunos por debajo de los de muchos, no deberían ser postergables ni negociables.

En la misma medida en que estas minorías son visibles para el Estado como contribuyentes o como sectores productivos, deberían serlo para tener el mismo acceso a la dignidad, al respeto, a la inclusión y a no ser discriminados.

Todas las manifestaciones y opiniones a favor o en contra acerca de estos y otros polémicos temas que ocupan y podrían ocupar renglones en la agenda nacional, son parte del crisol donde se fortalece la democracia.