Por la experiencia y por la reiterada consideración de los expertos, la opinión pública es consciente de la alta sismicidad a la que vive expuesto el territorio nacional.
En tal contexto, es fundamental fortalecer la cultura institucional, empresarial y ciudadana preventiva para minimizar los efectos de estos fenómenos naturales sobre todo en el resguardo de las vidas.
El pasado terremoto del 5 de setiembre con epicentro en Sámara, Nicoya, provocó fuertes réplicas, que aunque fueron anunciadas, no dejaron de atemorizar a la población, sobre todo en las zonas aledañas y también en aquellos sitios donde, a pesar de no estar cerca, el movimiento sísmico, removió viejos temores de eventos anteriores.
La más fuerte de estas réplicas, así catalogada por los especialistas, se dio el 23 de octubre, con epicentro en la misma zona, dejó la certeza de que por un periodo inmediato continuarán estos movimientos.
Aunque por su magnitud y duración, el terremoto del 5 de setiembre dejó daños millonarios, dichosamente el país no lamenta efectos estructurales mayores, colapsos en múltiples construcciones u obras o severa pérdida y lesión de vida humana que, con frecuencia, observamos tras sismos de igual intensidad en otras naciones.
El país, en su historia sísmica, ha acumulado experiencia y acción que se traducen en un moderno y riguroso Código Sísmico que contribuye, sin duda, a prevenir que estos fenómenos naturales causen más impacto en construcciones y en vidas.
En esa normativa se puede reconocer la visión de las autoridades, que hace más de un siglo prohibieron usar materiales que no se comportan bien ante los sismos y la buena práctica de la construcción de edificaciones que se ha desarrollado a partir de las regulaciones técnicas.
Es de vital importancia mantener la rigurosidad en la aplicación de dicho código tanto en lo concerniente a la construcción como en la supervisión del estado de las obras de recintos, trátese del estadio Saprissa o del hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, para citar ejemplos recientes.
Es tarea esencial y responsabilidad de las autoridades, consolidar, en conjunto con la aplicación del código, un plan de revisión constante y responsable sobre estructuras, edificios, puentes, vías y rutas como precaución ante cualquier eventualidad.
La responsabilidad no se limita solo a la aplicación y respeto de la normativa sísmica, o, a la labor de la Comisión Nacional de Emergencias que, aunque previene, también debe resolver.
Es urgente fortalecer la cultura ciudadana de la prevención y reacción sensata ante lo imprevisto de los eventos naturales. Debe incentivarse en nuestra población un protocolo de acciones que minimicen los efectos de estos fenómenos especialmente en los hogares de aquellos segmentos más vulnerables.
Mantener la calma, ser prudentes, salir despacio a un sitio seguro, son consejos básicos que pueden salvar muchas vidas en una emergencia. La periódica práctica de los simulacros en instituciones y empresas es parte fundamental de esta tarea preventiva. Todas estas recomendaciones redundarán en la toma de decisiones de sentido común y en el resguardo de la vida y de lo material cuando la ocasión lo amerite.
