El pago de ¢85 mil millones que el Gobierno pagará a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es apenas un respiro para este año. Sin embargo, a futuro el panorama sigue siendo incierto.
En total el Estado le adeuda a la Caja casi ¢432 mil millones.
Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la institución, dijo que esperan el informe que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentará hoy sobre la situación financiera y los posibles escenarios para,con base en él, tomar medidas que permitan sanear las finanzas de la Caja.
Ayer los directivos de la CCSS se reunieron con la presidenta de la República, Laura Chinchilla, quien les hizo ver la necesidad de crear una comisión especial de expertos para analizar la situación de la entidad. Ese fue uno de los planteamientos aportados por la mandataria en la reunión.
Endeudamiento
El pago del Gobierno será en títulos valores de la deuda interna, los cuales la institución tendrá que colocar en el mercado y convertirlos en dinero en efectivo para cubrir las necesidades del régimen de enfermedad y maternidad, según explicó José Luis Araya, viceministro de Hacienda.
Esta acción del Gobierno implicará un impacto negativo para el país. Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, confirmó que el pago se verá reflejado en el presupuesto del 2012 y en la capacidad de endeudamiento.
“La capacidad de endeudamiento de un país no es infinita. No quiere decir que porque la composición de este aporte tenga que ver con endeudamiento, no afecte al resto de los programas”, confirmó Benavides.
Agregó que el pago cubre las obligaciones que el Gobierno hubiera tenido que asumir en los próximos tres años.
Por otra parte, la junta directiva de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) presentó un informe que elaboró una comisión técnica de alto nivel, creada en marzo.
En él se señala que la CCSS presenta serias debilidades de gestión, poco control y una inadecuada evaluación.
Además, establece que entre los grandes disparadores del gasto está el incremento de planilla y el pago de incapacidades como si fueran salario, entre otros.
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