Caso registrado el 2 de julio en San Pedro de Montes de Oca

Nicolás Aguilar R.

naguilar@nacion.com

¡No hubo legítima defensa!

Aunque oficiales de la Fuerza Pública dijeron haber disparado “en defensa propia” contra un vehículo en el que viajaban dos hombres, un informe del OIJ descartó esa posibilidad.

Producto de esa acción, uno de los ocupantes del carro –el colombiano, Alexánder Morales Correa, de 36 años– murió al recibir una bala en la parte trasera de su cabeza, la madrugada del 2 de julio anterior. Ocurrió a pocos metros de la delegación policial de Montes de Oca, San José.

Dos policías de apellidos Agüero y Rodríguez abrieron fuego contra el auto que conducía el sudamericano, impactándolo por detrás en al menos cinco ocasiones, de acuerdo con un informe del caso elaborado por la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En ese momento Morales, dueño de una financiera, intentaba escapar luego de perseguir hasta ese sitio a un taxista, con quien poco antes había intercambiado fuertes epítetos en el parqueo de un local de comida rápida.

El Peugeot 206 Berlina del colombiano se detuvo al chocar contra la cochera de una casa. Llevaba una pistola, pero según las autoridades judiciales, no realizó un solo disparo contra los policías.

Los oficiales de la Fuerza Pública insistieron en ese momento a sus superiores que actuaron en legítima defensa, lo que ahora es cuestionado por el abogado Javier Vargas, en representación del empresario fallecido.

“Morales portaba una pistola, pero nunca hizo uso de ella. De hecho, tenía todas sus balas. Además, el arma está debidamente registrada. Estamos frente a un homicidio”, afirmó.

El día del suceso, el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade dijo: “Los oficiales dispararon en legítima defensa. Dentro del Peugeot se encontró un arma nueve milímetros”. Ayer, Al Día intentó conocer su criterio acerca del nuevo informe judicial, pero no fue posible localizarlo.

Millonaria demanda

La familia del fallecido demandaría próximamente al Estado y a los dos policías por unos ¢400 millones, adelantó Vargas.

Según el OIJ, “hay evidencia que tanto el cuerpo del ofendido como el vehículo fueron registrados por los agentes policiales sin estar autorizados y alterando la escena criminal”.

Según Vargas, pese a estar mortalmente herido, Morales fue sacado de su vehículo y murió tirado en la acera. Además, los policías golpearon a su amigo y acompañante, de apellido Grillo.