Carlos Howden Pascall, el presidente de Limón F.C., detenido por supuesta legitimación de capitales, dijo ayer ante una juez que no huirá del país si se le concede la excarcelación.
Pascall tendrá que esperar unas horas más para saber si continuará o no en prisión preventiva, tras la vista solicitada por la defensa para que la prisión le sea reemplazada por una medida menos gravosa.
La jueza María Elena Gómez, después de recibir la prueba aportada por las partes, anunció que tomaría unas horas para analizar el panorama y emitir finalmente, su veredicto.
El Ministerio Público presume que Pascall, al parecer, “lavó” unos $30 millones (¢15.433 millones) con fondos que su hermano Rodney Morrison transfirió de los Estados Unidos y que provienen, presuntamente, de un ilegal comercio de cigarrillos.
Esa tesis fue reiterada ayer por la fiscal Natalia Sarkis, según se desprende del fiscal Adjunto Guillermo Hernández.
Pascall, en los últimos años invirtió grandes sumas de dinero en actividades comerciales relacionadas con restaurantes, discotecas y taxis, como también, impulsa un agresivo programa de desarrollo del fútbol en ligas menores donde participan unos 400 niños, además de la inversión en el equipo de la Primera División.
Lo defienden
Según la defensa de Pascall, no existen suficientes elementos de convicción para decir que él haya incurrido en legitimación de capitales aquí.
Afirman que tampoco existe culpabilidad porque esos fondos no son ilegítimos.
“Aunque en un inicio los fondos de Morrison estuvieron congelados, posteriormente, fueron levantados”, afirmó el Lic. Juan José Picado, codefensor de Carlos Pascall junto con su colega Carlos Ibarra.
Además esos fondos –afirmó– no llegaron ocultos en maletas. Ingresaron al país transferidos de un banco estadounidense a uno del Sistema Nacional que envió a un funcionario suyo a los Estados Unidos para verificar la legalidad del capital.
“Aportamos pruebas certificadas por la justicia estadounidense donde se absuelve al hermano del señor Pascall por los mismos hechos por los cuales la fiscalía insiste en sostener la acusación”, añadió el codefensor Ibarra.
Todos esos documentos, añadió, fueron recopilados y traídos a este expediente con base en lo que exige nuestra legislación penal aquí en el país.
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